El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de septiembre el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC a partir de 2014 y crear un nuevo índice de referencia destinado al sector privado para moderar las tensiones inflacionistas.
El objetivo de la ley de desindexación, que entrará en vigor en enero de 2014, es estabilizar los precios desde la Administración central, autonómica y local y crear así una cultura de moderación de precios, y su finalidad es contener «los efectos perversos» que impiden mejorar la competitividad.
El principio general es desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas del índice de Precios al Consumo (IPC) y promover la adopción por parte del sector privado de la misma práctica.